Publicado el 05/06/2025 por Administrador
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Un nuevo informe de UNICEF ha encendido las alarmas en América Latina: más de 34.000 niños, niñas y adolescentes fueron privados de libertad durante 2024 en la región. Esta cifra coloca a Latinoamérica como la segunda zona del mundo con más menores encarcelados, superada únicamente por Norteamérica.
La mayoría de estos adolescentes están tras las rejas por delitos menores como hurtos simples, posesión de pequeñas cantidades de drogas o faltas administrativas. Lo más preocupante es que muchos de ellos aún esperan juicio, es decir, no han sido condenados, pero ya están privados de libertad. Esta práctica choca directamente con la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que la detención debe ser el último recurso y aplicarse por el menor tiempo posible.
UNICEF advierte que la privación de libertad a una edad temprana genera consecuencias devastadoras. Los adolescentes detenidos enfrentan un mayor riesgo de violencia, depresión, pensamientos suicidas y afectaciones severas a su desarrollo emocional y cognitivo. Lejos de corregir conductas, la cárcel puede ser una escuela de violencia.
Kendra Gregson, asesora de protección infantil del organismo, fue enfática: “Existen alternativas reales y más eficaces que la detención. La justicia restaurativa, el servicio comunitario o los programas de reintegración social ofrecen mejores resultados, tanto para el joven como para la sociedad”.
Aunque se registra una disminución con respecto a años anteriores —en 2018 había 46.000 menores detenidos— la reducción no es homogénea. En varios países de la región se ha optado por endurecer las leyes, reducir la edad de imputabilidad penal y ampliar el tiempo de las detenciones preventivas. UNICEF considera estas medidas un retroceso grave.
Durante la pandemia, muchos países liberaron a menores de centros de detención para evitar contagios, lo que demostró que existen mecanismos eficaces para evitar el encierro y garantizar la seguridad pública. Sin embargo, tras la emergencia sanitaria, muchos gobiernos volvieron a viejas prácticas represivas.
El organismo internacional hace un llamado urgente a los gobiernos de América Latina y el Caribe: deben priorizar políticas públicas centradas en la prevención, la educación y la inclusión social, en lugar de castigar de forma punitiva a adolescentes que, en la mayoría de los casos, provienen de contextos de pobreza, violencia estructural y exclusión.
UNICEF también solicita mejorar la recopilación de datos sobre adolescentes en conflicto con la ley, ya que muchas veces las estadísticas son incompletas o invisibilizan la situación real de miles de jóvenes.
La cárcel no puede seguir siendo la respuesta por defecto ante la pobreza, la falta de oportunidades o los errores de adolescencia. Los expertos coinciden: si se quiere romper el ciclo de violencia y desigualdad en la región, es urgente repensar el modelo de justicia juvenil.
