Publicado el 23/02/2026 por Administrador
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El próximo martes 4 de junio, la Corte Nacional de Justicia llevará a cabo una audiencia de vinculación penal en el marco del denominado caso Liga2, en el que figuran como convocados la exasambleísta Esther Cuesta, el excandidato presidencial Andrés Arauz y el economista Raúl González Carrión. La diligencia está programada para las 09:00 y será presidida por el conjuez nacional Olavo Hernández Hidrobo.
La Fiscalía General del Estado sostiene que los tres exfuncionarios podrían estar involucrados en una supuesta red de asociación ilícita que operó dentro y fuera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Según la investigación preliminar, esta estructura habría tenido como objetivo influir de manera indebida en la designación de altas autoridades del Estado ecuatoriano, vulnerando los principios de mérito, transparencia y legalidad.
El caso ha ganado notoriedad desde que en enero de 2025 fueron destituidos varios integrantes del CPCCS, entre ellos Augusto Verduga, Eduardo Franco y Yadira Saltos. A ellos se sumó la consejera en funciones Nicole Bonifaz. Todos han sido señalados como parte de una presunta estrategia para manipular procesos de selección pública, lo que encendió las alarmas en el sistema judicial y en organizaciones de control ciudadano.
En el caso particular de Esther Cuesta, la Asamblea Nacional determinó que ya no goza de fuero legislativo desde su salida formal del cargo el pasado 13 de mayo, lo que facilitó su inclusión en el proceso penal. No obstante, existen dudas sobre su presencia en la audiencia, pues registros migratorios indican que viajó a Italia el 9 de mayo y no ha retornado al país.
Una situación similar enfrenta Andrés Arauz, quien abandonó Ecuador en febrero rumbo a México, sin que conste su regreso. El asambleísta oficialista Andrés Castillo solicitó formalmente a la Fiscalía la emisión de una prohibición de salida del país para Cuesta, con el objetivo de garantizar su comparecencia, aunque la medida no busca su detención inmediata.
Por su parte, Raúl González Carrión fue designado como superintendente de Bancos en 2022, pero su nombramiento fue anulado por vía judicial ese mismo año. Su nombre vuelve a aparecer en este expediente como presunto integrante de una red que habría operado desde las estructuras estatales para beneficiar intereses políticos específicos.
La audiencia del 4 de junio marcará un momento determinante en este proceso judicial. La Fiscalía deberá sustentar con pruebas concretas la necesidad de formular cargos formales contra los nuevos convocados. En caso de que el juez lo considere pertinente, se podrían imponer medidas cautelares o avanzar hacia una instrucción fiscal.
El desarrollo del caso Liga2 es seguido con atención por diversos sectores de la sociedad, que ven en este proceso una oportunidad para esclarecer responsabilidades y fortalecer la lucha contra la corrupción institucional. La comunidad jurídica también observa con cautela, consciente de que este caso podría sentar precedentes sobre el alcance de la justicia frente a figuras políticas de alto perfil.
